¿Es Freud idiota?: El asesinato de José Couso. Por V. Noah Gimbel. Artículo sacado de Rebelión

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens http://www.rebelion.org/noticia.php?id=136168

La ex agente de inteligencia del ejército de EE.UU. Adrienne Kinne posee un valiosísimo secreto a voces, que si se revela bajo juramento, podría llevar a la primera condena de la historia de soldados estadounidenses por crímenes de guerra. Pero desde que contó públicamente su historia a la periodista Amy Goodman en DemocracyNow! hace más de tres años, se ha mostrado renuente a utilizarla en el actual procesamiento en la Audiencia Nacional de España de tres soldados estadounidenses acusados del asesinato del cámara español José Couso.

El 13 de mayo de 2008, Kinne relató en público por primera vez sus experiencias en la inteligencia militar durante los preparativos de la guerra de Iraq de 2003. Antes de los bombardeos de “conmoción y pavor” de Bagdad que precedieron a la invasión por tierra de la coalición dirigida por EE.UU., Kinne estuvo encargada de filtrar miles de conversaciones satelitales registradas que emanaban de la capital iraquí.

Especialista en traducción del árabe, Kinne comenzó a preocuparse cuando descubrió que no estaba escuchando a terroristas y militantes iraquíes sino a periodistas internacionales y trabajadores de ONG de habla inglesa. Después de espiar a civiles estadounidenses, se preocupó por si estaba violando la ley. Sus preocupaciones aumentaron al recibir un correo electrónico enumerando objetivos potenciales de los invasores que incluían varias propiedades del régimen baasista, así como el Hotel Palestina. Durante las semanas y días anteriores había estado escuchando a escondidas mientras los periodistas internacionales basados en ese hotel hablaban con sus amigos y seres queridos preocupados en el exterior, tranquilizándolos porque estaban seguros junto a 300 colegas de los medios de varios países, incluido EE.UU.

Por lo tanto, Kinne se dirigió a su oficial superior, John Berry, respecto a la presencia de cientos de periodistas quienes se consideraban seguros dentro de un potencial objetivo. Le respondieron que “no era [su] tarea analizar [sino] recolectar y entregar información… alguien en algún sitio más arriba de la cadena sabría lo que estaban haciendo.”

Poco después de la invasión, efectivamente, atacaron el hotel y mataron a Couso y a un cámara ucraniano de Reuters, Taras Protsyuk. Kinne no sabía si los soldados responsables del ataque sabían que el hotel era un centro mediático. Pero después de cinco años de conocer cada vez más sobre el permanente desdén de EE.UU. por el derecho internacional en la conducción de la guerra y después de unirse a Veteranos de Iraq contra la Guerra, Kinne decidió dar a conocer su caso “porque [ella] realmente esperaba… que otra gente que sabe mucho más decidiría hacer lo mismo por las razones correctas. Y si al hablar explícitamente uno puede alentar a otra gente a… hacer lo mismo, pienso que… de eso se trata.”

Desde su entrevista con Amy Goodman, Kinne no ha testificado ante la Audiencia Nacional española por cuenta de la familia Couso. Según el hermano de José, Javier Couso, ha declarado que solo testificará ante un tribunal estadounidense; que cree que las verdaderas partes culpables están más arriba de la cadena de comando. Como ex soldado, ha expresado su renuencia a procesar a otros soldados por cumplir órdenes, una renuencia posiblemente alentada por la enérgica posición del gobierno de EE.UU. contra los denunciantes. A pesar de todo, el caso Couso pasará a los alegatos orales este otoño, aumentando la importancia del caso y tal vez presionando a Adrienne Kinne para que se presente.

¿Es un crimen la información independiente sobre una guerra?

En España, el nombre de José Couso es bien conocido en todos los sectores de la sociedad. Fue cámara y reportero gráfico en una gran red de televisión, Tele5, y murió en su habitación del hotel en un ataque de un tanque de EE.UU. durante los primeros días de la invasión de Iraq en 2003. Los medios de comunicación españoles –incluso los que apoyaron la invasión– expresaron su indignación por el asesinato.

En EE.UU., sin embargo, los medios han guardado relativo silencio sobre el caso Couso, a pesar de sus enormes implicaciones para la justicia internacional, y de la interferencia de la diplomacia estadounidense. Más de ocho años después de la prematura muerte de José, su familia y sus amigos siguen buscando justicia para lo que consideran como un caso flagrante de asesinato premeditado por planificadores estadounidenses de la guerra para enviar un mensaje a los periodistas: Transmitid la versión oficial de la guerra o ya veréis. La versión extraoficial es la siguiente:

El 8 de abril de 2003, casi dos semanas después de la devastación aérea de la capital iraquí y solo días después que las fuerzas invasoras entraron en Bagdad, los canales de noticias de televisión estaban transmitiendo una demostración espectacular de poderío militar a millones de televidentes en todo el mundo. La cobertura dominante de la guerra tendía a repetir la narrativa "de las Cruzadas" de los autores de la guerra, en la cual la Coalición de los Dispuestos trataba de liberar a los iraquíes de un Sadam Hussein poseedor de armas de destrucción masiva y vinculado al 11-S. Pero muchos periodistas que cubrían la guerra no estaban convencidos de las buenas intenciones de los invasores. Al llegar a Bagdad encontraron una metrópolis animada, habitada por gente normal, gente que no estaba interesada en propagar la tiranía, sino en vivir sus vidas. Mientras las llamas engullían kilómetros y kilómetros del centro urbano y de áreas circundantes, los periodistas internacionales eran conscientes de que la gran mayoría, cuyas vidas y casas estaban incinerando, no eran agentes del mal, sino seres humanos.

Esos periodistas independientes veían la guerra de un modo muy diferente al de los periodistas empotrados que recibían blindaje corporal y protección de una comparsa de hombres armados. El periodista empotrado ve los objetivos precisamente como eso: objetivos. Cuando oye que un oficial ordena que se abra fuego contra un edificio en el que se piensa que se encuentra el enemigo, el periodista empotrado no tiene otra alternativa que creer al oficial y esperar que el enemigo haya sido –en el lenguaje eufemístico de la guerra– neutralizado.

Mientras numerosos periodistas empotrados servían de taquígrafos militares de los invasores, y después de los ocupantes, los periodistas independientes tenían el papel de participantes involuntarios en la otra guerra que se libraba en Bagdad en 2003, la guerra que costó la vida a José Couso entre otros: la guerra contra los testigos. Era la guerra que George W. Bush libraba cuando advirtió amenazadoramente a todos los periodistas no empotrados que abandonaran Bagdad y siguieran la guerra desde la Sede del Comando Central en Qatar. La guerra contra los testigos se ha librado con apuestas cada vez mayores durante décadas, si no siglos, y sigue hasta hoy tanto en las salas de tribunales en España como en las calles de Gaza.

Asesinar al testigo

Semanas antes del comienzo del bombardeo de Bagdad, periodistas occidentales se establecieron en el Hotel Palestina en la ribera oriental del río Tigris después de abandonar su anterior base en el hotel Al-Rashid al otro lado del río. Cuando CNN sacó a su personal del Al-Rashid, otros periodistas comprendieron que el Pentágono lo había identificado como un posible objetivo. Como el equipo de CNN estaba bajo protección estadounidense, los residentes del Al-Rashid lo siguieron al Palestina, enviaron sus coordenadas al Pentágono y pensaron que estaban seguros.

En la mañana del 8 de abril, varios periodistas del Palestina se concentraron en los balcones del hotel de 20 pisos. Desde allí filmaron las actividades de la Compañía A (apodados “asesinos”) del 4º Batallón, 64 Regimiento Blindado, 2ª Brigada, 3ª División de Infantería del Ejército de EE.UU. Sus tanques pasaron la mañana en el puente Al-Jumuriya sobre el Tigris cañoneando varios edificios gubernamentales del antiguo régimen así como posiciones militares iraquíes restantes. A solo 1,7 kilómetros del hotel, los equipos de filmación pudieron grabar cada disparo de los tanques.

Desde los balcones del Palestina también se veían dos objetivos militares menos probables: las sedes de dos medios noticiosos árabes que se habían establecido en Bagdad para cubrir la guerra vía satélite: Al-Jazeera y Abu Dhabi TV.

Como todas las empresas periodísticas en Bagdad cuando sucedió la invasión, Al-Jazeera había informado meses antes de su ubicación exacta al Pentágono y había marcado claramente el exterior de su sede para evitar toda confusión. Los jefes del canal no querían correr ningún riesgo después de que fuerzas de EE.UU. bombardearan su sede en Kabul a principios de la invasión de Afganistán en 2001. Pero la información de las coordenadas exactas de sus oficinas en Iraq no impidió que EE.UU. atacara a Al-Jazeera en Basora el 2 de abril. En Bagdad, el 8 de abril, un avión caza A-10 Warthog de la misma 3ª División de Infantería bajó en picado sobre el Hotel Palestinea y lanzó un misil al generador eléctrico de Al-Jazeera, matando al periodista palestino-jordano Tareq Ayyoub e hiriendo a su cámara iraquí.

Algunas horas más tarde, en medio de una calma relativa, los equipos del Palestina habían vuelto a enfocar sus cámaras a la división de tanques. Habían terminado los peores combates del día, los tanques posicionados sobre el puente. Sin provocación, a las 11:45 de la mañana, el tanque volvió su cañón hacia la sede de Abu-Dhabi TV, donde una cámara había grabado las actividades de los tanques durante toda la mañana desde el techo del edificio.

Las secuencias recuperadas de la cámara de José Couso muestran que la ametralladora del tanque disparó inequívocamente a esa cámara, destruyéndola finalmente. El personal de Abu Dhabi TV, que como el de Al-Jazeera había suministrado sus coordenadas exactas al Pentágono antes de la invasión y había marcado su sede con grandes letreros de prensa, tuvo suerte de escapar con la vida del ataque.

Para entonces, muchos periodistas habían abandonado el hotel después de una tensa mañana para cubrir otras áreas de la ciudad. Pero Couso siguió filmando y la cámara de Taras Protsyuk siguió enviando imágenes en vivo a Reuters. Quince minutos después de atacar Abu Dhabi TV, el tanque en el puente apuntó al Hotel Palestina, elevó su mira al 15º piso y disparó un solo obús antipersonal. Taras, en el balcón del 15º piso, murió instantáneamente. José, un piso más abajo, fue llevado al hospital, con su pierna destrozada y su estómago sangrando. A pesar de una exitosa amputación de la pierna y de varias horas de cirugía por más de una docena de doctores iraquíes, murió por la pérdida de sangre. Todo el episodio fue grabado.

Los tres objetivos mediáticos atacados ese día eran los únicos equipos de periodistas no empotrados que transmitían imágenes no filtradas de la guerra en vivo vía satélite. Al-Jazeera era desde hacía tiempo objetivo del escarnio del gobierno de Bush, ya que altos funcionarios acusaron a la red de colusión directa con Bin Laden y Sadam por transmitir imágenes ofensivas de víctimas civiles y rehenes estadounidenses. Por cierto, EE.UU. siguió bombardeando instalaciones de Al-Jazeera durante la guerra, tratando de impedir que transmitiera. Y por si el mensaje que EE.UU. trataba de enviar a los periodistas independientes no fuera suficientemente claro, la coalición dirigida por EE.UU. lanzó posteriormente su propio canal satelital en lengua árabe, Al-Hurrah, “El libre”.

Las historias oficiales

La primera historia oficial, presentada solo una hora después del ataque, afirmó que los francotiradores estaban operando desde el hotel. Cuarenta minutos después, el comandante de la 3ª División de Infantería, general Buford Blant, dijo que el tanque “estaba recibiendo fuego de armas portátiles y de granadas impulsadas por cohetes desde el hotel y que atacó el objetivo con un disparo. Después de eso, no hubo más tiros.” Dos horas y media después, el portavoz del Pentágono Brian Whitman admitió el conocimiento previo por parte del Pentágono de la presencia de periodistas en el hotel, pero afirmó que el tanque había recibido fuego de cohetes desde el hotel.

Contradiciendo a Whitman, el portavoz de CENTCOM, general Brooks, dijo en una conferencia de prensa el día siguiente que los militares “no conocían todos los sitios donde operaban los periodistas en el campo de batalla. Solo lo sabíamos de los periodistas que operaban con nosotros”. En otras palabras, los periodistas no empotrados eran caza legal.

Cuando las noticias de la reacción llegaron a los testigos presenciales del ataque –los periodistas que estaban en el hotel– analizaron minuciosamente la historia oficial: ni un solo disparo había sido salido desde algún sitio a alcance del oído del Palestina, por no hablar del sitio mismo donde docenas de periodistas observaban la acción en la calle.

Por lo tanto, al día siguiente, el capitán Philip Wolford, comandante del tanque que ordenó disparar al hotel, dijo a un periodista que pensó que había un observador de tiro iraquí en el techo del hotel, informando a los combatientes enemigos de la posición del tanque. La historia fue repetida por el hombre que disparó, teniente Shawn Gibson, quien dijo que vio a un hombre con binoculares a través de la mira del tanque. Destacó que el “observador” no tenía una cámara de televisión y también señaló que esperó diez minutos hasta recibir aprobación final para proceder a disparar. Durante ese tiempo, el oficial comandante de Wolford, teniente coronel Philip DeCamp, aparentemente nunca fue consultado sobre sí disparar o no al hotel.

Todas esas explicaciones oficiales se pueden rastrear en el informe de 2004 de Reporteros sin Fronteras (RSF) titulado “Dos asesinatos y una mentira”. Según la familia Couso, ese informe, que concluye que “no fue… un ataque deliberado contra periodistas o los medios”, es ilegítimo por una serie de motivos. Primero, se basa fuertemente en la declaración del periodista empotrado Chris Tomlinson, un antiguo oficial de inteligencia del ejército. Segundo, cuando la familia solicitó que el informe no se presentara como evidencia en el caso (y no menciona, después de todo, los ataques contra Al-Jazeera y Abu Dhabi TV), Robert Ménard, jefe de RSF, insistió en su inclusión. Y finalmente, un cable de la embajada de EE.UU. de febrero de 2008 cita a un representante de RSF que insultó los esfuerzos del juez Pedraz por mantener el caso abierto.

A pesar de las conclusiones del informe, las explicaciones de los soldados contienen tres problemas importantes: el obús se disparó contra cinco pisos por debajo del tejado del hotel; segundo, no se necesita a un observador a 1,7 kilómetros de distancia en un edificio elevado para ver un tanque en medio de un puente; y Protsyuk, quien fue alcanzado por el impacto directo del obús, tenía una cámara de televisión, que era la única cámara de televisión en todo el hotel que estaba transmitiendo vía satélite en tiempo real.

Además, expertos ópticos enviados tanto por el equipo legal de la familia Couso como por el juez a cargo del caso concuerdan en que una persona mirando a través de la mira del tanque, equipada para ver detalles a hasta cuatro kilómetros de distancia, podría incluso distinguir el color de los ojos de los que estaban en el balcón desde el puente, por lo cual no se podía confundir a un cámara ucraniano con una fedayín con binoculares. Los soldados fueron atrapados en una mentira.

Las autoridades de EE.UU. en Washington hicieron caso omiso de los detalles. El antiguo secretario de Estado Colin Powell envió una carta al ministro de Exteriores español diciendo que el disparo que mató a Couso y Protsyuk se hizo en respuesta proporcionada a “fuego hostil” proveniente del centro periodístico. Dick Cheney dijo a los reporteros “hay que ser idiota para creer que [soldados estadounidenses] dispararían deliberadamente a los periodistas”. Y el comandante en jefe Bush respondió con su acostumbrada manera lacónica: “la guerra es un sitio peligroso”.

Pero los colegas de Couso y Protsyuk, que habían estado saludando a los soldados estadounidenses desde sus balcones en el hotel el día antes del cañoneo sabían que ni un solo tiro se disparó desde el hotel, se negaron a permitir que EE.UU. se saliera con la suya matando a dos de los suyos. Los periodistas protestaron en el Parlamento español pidiendo una acción diplomática para exigir justicia para un ciudadano español muerto sin motivo. Manifestaciones masivas frente a la embajada de EE.UU. en Madrid sacaron a miles de personas a las calles. Y una familia destrozada, con su propia historia de servicio militar, convirtió su dolor en justa indignación, suficientemente feroz como para avivar la lucha por la justicia, contra todos los obstáculos.

Un caso de independencia judicial

Después de que las autoridades españolas rechazaron las solicitudes iniciales de la familia Couso pidiendo una investigación independiente de los eventos del 8 de abril –en lugar de otorgar el beneficio de la duda a la investigación interna de los militares de EE.UU-, la familia decidió, en consulta con la abogada de derechos humanos Pilar Hermoso, presentar un caso legal a la Audiencia Nacional española contra los tres soldados directamente responsables de la muerte de José Couso: Wolford, Gibson y DeCamp.

Desde que el juez español Baltasar Garzón ordenó el arresto del dictador chileno respaldado por EE.UU. Augusto Pinochet, por acusaciones de asesinato, citando la doctrina de “jurisdicción universal”, la nación ibérica se ha hecho famosa por su sistema judicial intensamente independiente y tenaz. Pero en cuanto el gobierno de Bush supo que un juez español trataba de imponer su jurisdicción sobre tres soldados estadounidenses, sus diplomáticos comenzaron a presionar al gobierno español para que controlara al aparato judicial. Dirigido entonces por el derechista Partido Popular (PP) bajo el presidente José María Aznar, el gobierno español se mostró ansioso de cooperar con EE.UU. en la llamada guerra contra el terror, enviando tropas a Afganistán e Iraq a pesar de la masiva oposición pública. En su lugar, Aznar participó en la planificación de la guerra de Iraq en las islas Azores de Portugal con Bush y Tony Blair, en abierto rechazo a un protocolo de la ONU. Por lo tanto, meses después de la presentación del caso, la oficina del fiscal (ocupada por designados políticos del partido gobernante) lo hizo archivar por fallas de procedimiento.

A pesar de todo, con el respaldo de un importante movimiento social y el apoyo del juez Santiago Pedraz (parte del aparato judicial independiente), el equipo legal de la familia pasó los últimos meses de 2003 recolectando testimonios de testigos presenciales en apoyo del caso. Y sus esperanzas aumentaron aún más cuando el Partido Socialista (PSOE), cuyos candidatos habían expresado su apoyo al caso Couso durante la campaña electoral, tomó el control del gobierno en 2004.

Lo que sucedió con el caso en los años siguientes –lo sabemos gracias a una serie de cables de la embajada de EE.UU. publicados por WikiLeaks– revela el grado alarmante en el que los funcionarios estadounidenses trataron de debilitar la soberanía española, y el grado aún más alarmante en el que los funcionarios españoles cedieron a sus demandas.

Según WikiLeaks:

Un cable de 21 de octubre de 2005 detalla la carrera de altos funcionarios (PSOE) a la embajada de EE.UU. (Fiscal General Cándido Conde-Pumpido; Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar; Ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y la Vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega) después de que el juez Pedraz emitiera mandatos de arresto y extradición de los tres soldados el 19 de octubre. Aseguraron al embajador que a pesar de las expresiones públicas de respeto por el proceso judicial, harían todo lo posible por acabar con el caso.

En marzo de 2006, la oficina del fiscal general logró archivar de nuevo el caso, esta vez afirmando falta de jurisdicción. Un cable del 22 de marzo escrito por el embajador Eduardo Aguirre subraya la receptividad de la Vicepresidenta de la Vega a las demandas del gobierno de Bush, señalando que “estamos bien servidos al fortalecer nuestro nivel de comunicación con ella”. Pero el aparato judicial se negó a ceder a las maniobras políticas. En diciembre de 2006, el Tribunal Supremo dictaminó que Pedraz tenía ciertamente jurisdicción en el caso y efectivamente lo reabrió.

Este dictamen no disuadió a la embajada de EE.UU. o a sus amigos del gobierno español. Después de definir estrategias con personal de la embajada, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, volvió a ordenar que el gobierno abandonara las acusaciones. Dos años después, en 2009, el caso se reabrió durante un breve período de dos meses después de la aparición de una nueva evidencia en su apoyo, ¡incluída la entrevista de Adrienne Kinne con DemocracyNow! En lugar de tratar de confirmar el testimonio de Kinne y citarla como testigo, los fiscales del gobierno se negaron a reconocer siquiera la existencia de Kinne.

No obstante, a pesar de todo el control que ejerció sobre el politizado ministerio de Justicia, la embajada de EE.UU. no pudo domar al Tribunal Supremo, que volvió a reabrir el caso en julio de 2010. Después de someter una conclusión provisional al tribunal y de emitir otro mandato de arresto internacional para los soldados acusados, el juez Pedraz recibió autorización del gobierno para viajar a Bagdad con un equipo de expertos nombrados por el tribunal a fin de corroborar la evidencia sometida por la familia Couso. En un último esfuerzo por obstruir a la justicia, el gobierno se negó a garantizar su seguridad. Eso no pareció molestar demasiado al juez, ni le disuadió el acoso de unidades armadas estadounidenses-iraquíes que trataron de impedir que accediera a diversos puntos de interés.

Al volver, el juez presentó un informe de investigación basado en las conclusiones del viaje al ministerio de Justicia y a la oficina del fiscal a principios de 2011. Mientras se procesa esa evidencia, la familia Couso se queda a la espera de que el tribunal avance el caso al argumento oral durante este otoño. Mientras tanto, continúa su lucha para lograr el testimonio de Adrienne Kinne. Si se niega, la familia planifica llevar a Amy Goodman a España a fin de que confirme ante el tribunal que la entrevista con Kinne en 2008 tuvo lugar efectivamente.

Denunciantes bajo presión

La renuencia de Kinne a testificar no es de ninguna manera equivocada. Por una parte trabaja actualmente como psicóloga militar en el Departamento de Asuntos de Veteranos donde interactúa a diario con soldados responsables de la muerte de civiles inocentes. Por otra parte, tiene todos los motivos del mundo para temer una retribución del gobierno por su posible valentía.

Desde que llegó al poder, el gobierno de Obama no ha hecho caso a denunciantes del gobierno, a los que el presidente elogió durante su campaña por sus “actos de coraje y patriotismo, que a veces pueden salvar vidas, [que] deberían ser alentados en vez de silenciados”. Su gobierno ha acusado hasta ahora a cinco ex empleados gubernamentales bajo la Ley de Espionaje de 1917, más que cualquier presidente anterior, y defendió abiertamente las duras condiciones en las que se encuentra el presunto denunciante Bradley Manning en la base de los marines en Quantico, Virginia.

El movimiento ciudadano de apoyo a Manning que ha movilizado a miles de personas a las calles –muchas de ellas arriesgandose a que las arrestasen– no debe esperar hasta que los denunciantes potenciales sean víctimas de la represión gubernamental antes de salir en su defensa. A pesar de la violenta retórica de eruditos y políticos derechistas, los valerosos hombres y mujeres dispuestos a decir la verdad sobre el ejercicio del poder de EE.UU. podrían ser la mayor esperanza de los defensores de la justicia internacional.

Los documentos filtrados dan una amplia idea de la política exterior frecuentemente ilegal de EE.UU., pero solo un testimonio humano detallado puede llenar los vacíos para presentar toda la verdad. Los tribunales internacionales exigen toda la verdad, y es lo que deberían hacer los que buscan la justicia global. Una victoria en el caso Couso establecería un importante precedente en el esfuerzo por someter a los militares al vigor de la ley, y la solidaridad con los denunciantes puede ayudar a lograr esa victoria.

V. Noah Gimbel es colaborador de Foreign Policy in Focus y escribe desde España. Para contactos escribe a: noah.gimbel@gmail.com
Fuente: http://www.counterpunch.org/2011/09/20/the-war-against-witness/